La disputa por la expropiación de YPF tendrá este martes 12 de agosto una definición clave en la Corte de Apelaciones de Nueva York. El tribunal deberá decidir si el Estado argentino entrega el 51% de las acciones de la petrolera o si continúa suspendida la orden de la jueza Loretta Preska.
A fines de junio, Preska ordenó al país pagar US$ 16.000 millones, monto que con intereses trepó a US$ 18.000 millones, y dispuso transferir el paquete accionario. El Gobierno apeló esa decisión.
Entre las alternativas que analiza la Corte figuran: rechazar la suspensión y exigir la entrega inmediata de las acciones, conceder la cautelar solicitada por el Ejecutivo o reemplazar el paquete por otros activos.
Si no hay suspensión total, Argentina deberá definir si busca un acuerdo con los acreedores o enfrenta un posible desacato, con riesgo de embargo de reservas del Banco Central.
Desde el Gobierno nacional indicaron que, ante un fallo adverso, presentarán el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Paralelamente, avanzan dos apelaciones: la de la transferencia de acciones, con plazo hasta el 25 de septiembre, y la del fallo millonario de 2023.