El Tribunal de Impugnación, integrado por Estefanía Sauli, Andrés Repetto y Nazareno Eulogio, resolvió anular la decisión tomada por el juez Marco Lupica Cristo el 14 de noviembre, vinculada a la admisión de prueba para la etapa de cesura en la causa Planes Sociales.
El Ministerio Público Fiscal alegó que el magistrado incumplió el principio de contradictorio, al no permitir que la fiscalía respondiera las objeciones planteadas por las defensas sobre testigos y pruebas, en vista de la audiencia señalada para el 25 de noviembre.
Tras evaluar el planteo, el tribunal indicó que, pese a que este tipo de resoluciones no suele ser impugnable, correspondía un control de constitucionalidad. Determinó que el juez actuó de forma arbitraria, ya que decidió solo con los fundamentos defensivos y sin escuchar la postura fiscal.
Para los integrantes del tribunal, esta falta de intervención configuró una lesión al debido proceso, dado que una de las partes quedó sin posibilidad de argumentar antes de la resolución.
Con este criterio, se ordenó llevar adelante una nueva audiencia, ante un juez distinto, para volver a analizar la admisibilidad de la prueba propuesta por la fiscalía y cuestionada por algunos defensores.
La cesura servirá para definir las penas correspondientes a quienes ya fueron declarados responsables del delito de administración fraudulenta agravada, en la causa Planes Sociales (LEG 234319).