El municipio de Zapala se convirtió en el primero de la provincia en adherir a la Ley 3531, que regula controles toxicológicos en cargos públicos, tras la aprobación unánime de la ordenanza 2094 en el Concejo Deliberante.
La medida obliga a que todas las autoridades electas y funcionarios políticos se sometan a narco-test. El proyecto fue impulsado por el Ejecutivo local y avalado por los 11 concejales en la última sesión.
Los estudios alcanzarán al intendente, concejales, secretarios, subsecretarios, además del Fiscal Administrativo Municipal, el Juez de Faltas y la Junta Electoral.
Los exámenes se realizarán de forma inesperada e incluirán pruebas para detectar cocaína, cannabis, opioides, anfetaminas, metanfetaminas y barbitúricos, entre otras sustancias.
Según los fundamentos de la ordenanza, el propósito es reforzar la transparencia institucional y asegurar que quienes ocupen cargos públicos lo hagan libres de consumo de drogas ilegales o vínculos con el narcotráfico.