La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) comenzó, el 1° de marzo, un proceso de auditorías médicas dirigidas a beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez. Esta iniciativa ha recibido críticas de organismos nacionales, gobiernos municipales y provinciales por la forma en que se está implementando.
Según el Consejo Federal de Discapacidad, las evaluaciones, realizadas con médicos del PAMI, se desarrollan en lugares poco habituales como gimnasios y hoteles, además de citaciones en direcciones erróneas, lo que ha provocado desorganización y angustia entre las personas con discapacidad y sus familiares.
Los equipos municipales y la Subsecretaría de Discapacidad trabajan en la asistencia y acompañamiento para evitar la pérdida del sustento económico vital, que asciende a unos 300 mil pesos mensuales. El Consejo Federal rechazó el sistema argumentando que no cumple con condiciones mínimas de accesibilidad ni respeta los derechos de las personas con discapacidad, y advirtió sobre las graves consecuencias sociales y económicas para quienes dependen de estas pensiones.