Así lo definió por mayoría la Sala Juzgadora en el final del Juicio Político en su contra. Estará inhabilitada por 5 años para ejercer cargos municipales
Los concejales encargados de dictar sentencia emitieron un fallo por mayoría, la votación fue por 3 a 2 y de esta forma definieron el destino en el cargo de la jueza de faltas municipal.
Los concejales Jorge Castillo, Mercedes Altamirano y Víctor Chávez votaron positivamente para declarar culpable a la Jueza Sánchez por el cargo que se la acusaba, mientras que las concejales Teresa Nuñez y Patricia Melinao lo hicieron por la negativa, considerando que no era culpable.
La Jueza fue destituida y quedo inhabilitada para ejercer cargos públicos municipales por el termino de 5 años.
Luego de un cuarto intermedio, se retomó la Sesión para definir el tiempo de inhabilitación de Sánchez, al no lograr el total de los votos para que sea por tiempo indeterminado, cada concejal propuso el tiempo de inhabilitación según lo establece la Ordenanza 323.
Los concejales Castillo, Altamirano y Chávez propusieron que sea por el plazo de 5 años, mientras que Nuñez y Melinao se abstuvieron tal como lo habían hecho para que se por tiempo indeterminado.
De esta manera, se convierte en el primer funcionario púbico municipal en ser destituido e inhabilitado por irregularidades en el desempeño de sus funciones.
Acusada por la Fiscalía
Destituida de su cargo, la ex Jueza Municipal Delia Sánchez aún debe afrontar el proceso en su contra en la Justicia, donde la Fiscalía de Estado, a partir de una denuncia que presentó el Fiscal Administrativo Municipal, y luego de una investigación y de recolectar pruebas, en una Audiencia de Formulación de cargos la acusaron a ella y a un abogado particular.
“Por no haber cumplido el trámite correspondiente en 172 casos en los que, en lugar de derivar sentencias de cobro de multas a la fiscalía administrativa municipal, como indica la normativa, las remitió agrupadas en siete envíos a un estudio jurídico particular de la localidad”. La información fue brindada por el Ministerio Público Fiscal.
En tanto al abogado se lo acusó de servir de intermediario del accionar, quien, entre el 1 de febrero de 2012 y el 29 de diciembre de 2019, ocupaba el puesto de coordinador general de inspectores de la Municipalidad de Zapala.
En su caso, se lo acusó por “haber recibido las sentencias de cobro sabiendo que no estaba facultado para hacerlo, pero, además, haber iniciado el cobro ejecutivo de 56 testimonios en el juzgado civil de Zapala, haciendo uso de un poder conferido en el año 1995, sin facultades, ni mandato ni expreso ni tácito que lo autoricen a tal desempeño por parte del fiscal administrativo actual y a sabiendas de que con su accionar violaba lo dispuesto por la normativa legislativa”.
Los hechos que se le endilgan a ambos habrían ocurrido entre el 6 de febrero de 2020 y el 18 de marzo de 2021. En el caso de la jueza, la calificación provisoria es la de abuso de autoridad y sustracción de efectos públicos o peculado.
En tanto, al abogado particular se lo acusó como autor del delito de encubrimiento y usurpación de autoridad.
Fuente: noticiasdeneuquen