Mediante el Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y puso en marcha un nuevo esquema operativo para las pensiones no contributivas destinadas a personas con discapacidad.
La norma da cumplimiento a un fallo del Juzgado Federal de Campana, que ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793 luego de declarar la invalidez de un decreto que había suspendido su implementación por falta de financiamiento.
El texto reglamentario establece los requisitos para acceder a las pensiones, las condiciones de continuidad, las incompatibilidades con otros ingresos y los procedimientos administrativos correspondientes. También fija mecanismos de control y auditoría para el seguimiento del régimen.
Entre los cambios institucionales, el decreto dispone la incorporación de la Secretaría Nacional de Discapacidad al Ministerio de Salud y le encomienda la coordinación con el Consejo Federal de Discapacidad, con el fin de consensuar criterios de evaluación socioeconómica y definir auditorías periódicas.
La reglamentación entró en vigencia el 3 de febrero de 2026, fecha de su dictado.