Dos recientes auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) revelaron serias irregularidades en los subsidios que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) otorgó a comunidades mapuches durante los gobiernos kirchneristas. Según los informes, parte del dinero fue utilizado para contratar abogados en litigios contra el Estado, en lugar de destinarse a proyectos de fortalecimiento comunitario, como estaba estipulado.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como una organización “terrorista” y afirmó que el Gobierno de Javier Milei busca eliminar este tipo de financiamiento. A través de la Resolución 8/2025, el titular del INAI, Claudio Avruj, dio de baja el Programa de Fortalecimiento Comunitario, por el cual se habrían entregado $1.200 millones en los últimos 12 años.
Casos de subsidios y ocupaciones de tierras
Según fuentes judiciales, al menos tres comunidades que recibieron subsidios del INAI están vinculadas a usurpaciones de tierras en la Patagonia:
- Lof Che Buenuleo (Río Negro):
- En 2019, ocuparon terrenos privados en Bariloche pertenecientes a la familia Soriani.
- La justicia ordenó su desalojo en 2020, pero el conflicto continúa.
- Recibieron $1.770.000 en 2023 para asistencia jurídica.
- Lof Kinxikew ( Neuquén):
- Enfrentaron disputas con privados y el Ejército Argentino en San Martín de los Andes.
- Recibieron $1.950.000 en 2023 para asesoramiento legal.
- Newen Mapu (Río Neg
- Participaron en reclamos territoriales en El Bolsón.
- Recibieron $4.480.000 en 2023 del INAI.
Además, comunidades como la Agrupación Mapuche Linares (Neuquén) y Lof Malal Pincheira (Mendoza) obtuvieron más de $6 millones en subsidios y mantienen disputas por tierras en zonas estratégicas como Malargüe (Mendoza), donde hay interés en la explotación de hidrocarburos, y en Vaca Muerta (Neuquén), donde operan petroleras como YPF y Tecpetrol.
Falta de control y rendición de cuentas
Los informes de la SIGEN señalan que el INAI no realizó controles sobre la correcta ejecución de los fondos y en varios casos los beneficiarios no presentaron rendiciones de cuentas. “No se evidencia comunicación a la comunidad sobre el desembolso de los fondos”, sostienen los auditores.
El Gobierno de Milei anunció que revisará en profundidad todos los subsidios otorgados en los últimos años y tomará medidas para evitar que estos recursos se utilicen para financiar conflictos territoriales o litigios contra el Estado.
Infobae