El fiscal Manuel Islas archivó la denuncia contra integrantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) por el desalojo realizado en Casa de Gobierno en julio, al considerar que los hechos denunciados “no constituyen delito”.
La resolución confirma que la intervención de los fiscales Diego Azcárate y Pablo Vignaroli, quienes llevaron adelante el procedimiento tras la denuncia de la Fiscalía de Estado, fue “legal y ajustada a derecho”. Según Islas, el desalojo se realizó de manera “menos gravosa, escalonada y progresiva” y no requería autorización judicial por tratarse de un espacio público.
Respecto al accionar policial, el fiscal evaluó imágenes, informes y fotografías y determinó que los efectivos actuaron “proporcionadamente” y cumpliendo órdenes legítimas. Se mencionó que varios oficiales resultaron heridos debido a la resistencia de los manifestantes.
El incidente comenzó el 15 de julio, cuando integrantes de comunidades mapuches se encadenaron en la entrada de la Gobernación para exigir personerías jurídicas. El 20 de julio, ante el incumplimiento de la intimación de retiro, se procedió al desalojo con intervención policial y autorización judicial.
Islas concluyó que la actuación de fiscales y Policía fue ajustada a derecho y desestimó la denuncia por abuso de autoridad.