Se reanudó el juicio a Cristina Kirchner por la causa Vialidad, tras la recusación al fiscal Diego Luciani que adelantó que responderá de manera oral los pedidos de apartamiento realizados por el abogado de la vicepresidenta. La presentación alcanza además al juez del Tribunal Oral Federal 2 a cargo del proceso Rodrigo Giménez Uriburu.
Los fiscales Luciani y Sergio Mola vuelven a exponer en la etapa de alegatos sobre la evidencia en el proceso por corrupción en la obra pública en Santa Cruz que tiene a la titular del Senado como acusada de liderar una asociación ilícita, y plantearon: “Fue burdo el saqueo y la impunidad”.
Durante la audiencia de alegatos de la fiscalía cuestionaron los argumentos del grupo Austral para conseguir ampliación de plazos en 49 de las 51 obras investigadas en la causa.
Las críticas de la fiscalía sobre los pedidos de ampliaciones de obras a cargo de Lázaro Báez en Santa Cruz:
“Además de no cumplir con las exigencias legales para autorizar las extensiones de plazos, los argumentos utilizados eran burdos, absurdos”.
“El factor climático era una constante, siendo que no pueden las condiciones climáticas tomar de sorpresa a nadie, mucho menos a las empresas patagónicas ni a los funcionarios de Vialidad Provincial. Viven allí, conocen las adversas condiciones climáticas y son quienes diseñan las obras en función de eso también”.
“En 49 de las 51 obras, no existe documentación que acredite que cuestiones como la falta de combustible, la falta de insumos genéricos, falta de asfalto para que haya sido un motivo razonable para otorgar las modificaciones de plazos, ya ni se preocupaban por disimular”.
“Las ampliaciones de plazo nunca se justificaron de manera alguna los motivos, del análisis que fuimos viendo ni a la contratista ni a Vialidad provincial les importó el cumplimiento del plazo”.
“En doce años nunca se le aplicó ni una sola sanción y sólo en dos obras de las 51 se respetaron los plazos de los pliegos licitatorios”.
“Los cambios de plazos y de las obras se realizaba cuando la mayoría de los contratos estaban al borde del vencimiento de los plazos de obra”.
“Este modus operandi le permitió al Grupo Austral obtener 760 meses de prórrogas para la finalización de las obras, generando un enorme daño porque se acrecentaban los plazos año tras año, y las obras no se terminaban nunca”.
“Vemos cómo en los constantes retrasos de las obras solo había un necesidad de extender la obra como fuente de financiamiento permanente a favor de la contratista”.
“Los funcionarios de Vialidad no se pronunciaron nunca sobre las obras financiadas con recursos nacionales, a las que cuando debían ser inauguradas, solo se le autorizaban a Báez la modificación de obras, aumento de presupuesto y aumento de los plazos de obra”.