En medio de una caída persistente de la recaudación, el Gobierno definió una nueva etapa de ajuste del gasto público con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal.
La decisión incluye un recorte adicional del 2% en el gasto corriente y del 20% en el gasto de capital, según lineamientos establecidos desde la Casa Rosada para todo el gabinete.
El esquema busca preservar el superávit fiscal y cumplir con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional, en un contexto de mayores exigencias sobre las cuentas públicas.
Hasta marzo, el gasto ya mostraba una reducción del 3,3% en términos reales, con ajustes en áreas como obra pública, transferencias a provincias y salarios estatales.
El deterioro de los ingresos tributarios fue uno de los factores clave detrás de la decisión de profundizar el ajuste.
En cuanto a los resultados fiscales, el primer bimestre cerró con un superávit primario de 0,4% del PBI y un resultado financiero positivo de 0,1%.
Entre las principales partidas, los salarios públicos registraron una baja del 6,1%, mientras que las asignaciones familiares y la AUH retrocedieron un 3,7%.
Por su parte, los subsidios económicos aumentaron cerca de un 67% interanual, impulsados por pagos pendientes al sector energético.
En paralelo, la deuda flotante se ubicó en $3,3 billones, equivalente a casi el 10% del gasto comprometido, lo que refleja demoras en la ejecución de pagos.