El Gobierno nacional resolvió descontar el día a los empleados estatales que participen del paro convocado por ATE, en una jornada que incluirá movilizaciones y reclamos salariales. La administración de Javier Milei afirmó que la medida responde a la política de “pago por trabajo efectivo” y al objetivo de ordenar la actividad del Estado.
La protesta derivó en un operativo especial coordinado por el Ministerio de Seguridad. Su titular, Patricia Bullrich, confirmó que se aplicará el protocolo antipiquetes y que no se permitirá el bloqueo de calles. “Manifestación sí, violencia no”, reiteraron desde la cartera, al recordar que cualquier incidente tendrá respuesta inmediata.
Bullrich presentó además una denuncia judicial contra el dirigente Rodolfo Aguiar por expresiones que consideró una amenaza al orden constitucional. La causa fue respaldada por funcionarios nacionales como Javier Lanari, quien sostuvo que el Gobierno “no dejará pasar conductas golpistas”.
Desde el Poder Ejecutivo remarcan que el plan de reformas incluyendo la laboral, tributaria y el nuevo Código Penal, continúa según el cronograma previsto. En paralelo, se mantiene abierta la vía institucional para discutir la política salarial dentro de los mecanismos formales.
ATE, por su parte, insiste con un deterioro del poder adquisitivo, aunque desde la Casa Rosada relativizan esos planteos y señalan que el Estado no puede quedar condicionado por presiones gremiales.