Mediante un decreto firmado por Rolando Figueroa, el gobierno provincial reglamentó la Ley 3531, que incorpora los exámenes toxicológicos como requisito para la continuidad en la función pública.
La disposición apunta a garantizar condiciones compatibles con el ejercicio del cargo, en línea con los principios de transparencia e idoneidad en la administración estatal.
La reglamentación establece cómo actuar ante resultados positivos, con instancias administrativas que contemplan el derecho de defensa y el debido proceso.
El esquema normativo se sustenta en el artículo 153 de la Constitución de Neuquén, que fija parámetros de funcionamiento para el sector público.
En su elaboración participaron la subsecretaría de Recursos Humanos del ministerio de Economía, Producción e Industria, áreas jurídicas del ministerio de Salud, la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado.
El decreto lleva las firmas de los ministros Martín Regueiro y Guillermo Koenig.
La medida, señalaron desde el Ejecutivo, forma parte de un proceso orientado a consolidar un Estado con mayores niveles de control y eficiencia.