Con una votación ajustada, la Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma de la ley de Glaciares, en una sesión marcada por fuertes diferencias políticas y cuestionamientos ambientales.
El proyecto modifica criterios centrales de la normativa vigente. Entre los cambios, establece que la protección se limitará a los glaciares con función hídrica comprobada y habilita a las provincias a definir autorizaciones para actividades en zonas periglaciares.
El respaldo de bloques provinciales fue clave para alcanzar los 137 votos afirmativos, mientras que la oposición reunió 111 rechazos. También se registraron tres abstenciones.
Durante el debate, distintos sectores advirtieron que la reforma podría reducir la protección ambiental y facilitar el desarrollo de actividades extractivas en áreas sensibles.
En paralelo, organizaciones ambientalistas se movilizaron en las inmediaciones del Congreso y ya anticiparon una estrategia judicial para frenar la aplicación de la norma.
El escenario abre un nuevo frente de conflicto entre desarrollo productivo, regulación ambiental y autonomía provincial.