El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró inválido el veto presidencial que había frenado la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, aprobada por el Congreso a fines de 2023. La resolución responde a un amparo presentado por una familia con dos hijos con discapacidad, que reclamó la plena vigencia de los derechos consagrados en la norma.
El magistrado sostuvo que el veto contradice los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de infancia y discapacidad, al tiempo que recordó que esos tratados tienen jerarquía constitucional. La decisión reabre la discusión política y judicial sobre la ley, aunque el Gobierno todavía tiene la posibilidad de apelar para que el caso sea revisado en instancias superiores.
Más allá de su desenlace, el fallo podría convertirse en un antecedente institucional de peso en relación al control judicial sobre los vetos presidenciales y la aplicación de los tratados de derechos humanos dentro del sistema jurídico argentino.