El juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 8 hizo lugar a una demanda de Telecom y declaró nulo el decreto de necesidad y urgencia de 2020 que declaró servicio público a las telecomunicaciones.
Según la sentencia, la jueza Cecilia De Negre consideró que para que una actividad económica se declare como servicio público es necesaria la aprobación de una ley en el Congreso, por lo que no puede utilizarse un DNU para ese fin.
Esta es una sentencia de primera instancia que puede ser apelada por el Enacom o el Gobierno Nacional ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.