El gobernador Rolando Figueroa promulgó la Ley Provincial 3531/25, que regula los controles toxicológicos obligatorios a funcionarios de los tres poderes del Estado. La norma fue aprobada en la Legislatura el pasado 17 de septiembre.
El texto establece que los exámenes serán condición para la permanencia en los cargos públicos, con el objetivo de garantizar transparencia, idoneidad y responsabilidad en la gestión, asegurando que el ejercicio de funciones se realice sin vínculos con el narcotráfico ni bajo efectos de sustancias prohibidas.
La medida alcanza a autoridades como el gobernador y vicegobernador, ministros, diputados, jueces, fiscales, defensores, integrantes del Consejo de la Magistratura, directivos de organismos estatales, intendentes y concejales, entre otros.
Los controles se realizarán de manera sorpresiva con pruebas rápidas homologadas por la autoridad sanitaria. La negativa injustificada a someterse a la evaluación será considerada como resultado positivo.
Además, se creará una Comisión Evaluadora Interpoderes, integrada por representantes técnicos de cada poder del Estado, y un registro interno confidencial para documentar la trazabilidad de los exámenes y eventuales procedimientos administrativos.