El Gobierno nacional postergará la implementación de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, aunque serán promulgadas pese a que el Congreso rechazó los vetos presidenciales. La administración aclaró que no asignará partidas presupuestarias, dejando la aplicación en suspenso.
La decisión fue adoptada por la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal, junto al viceministro de Justicia Sebastián Amerio. Según el Ejecutivo, la ley universitaria demandaría $1,96 billones, mientras que la pediátrica tendría un costo de $133.433 millones.
En paralelo, se anunció una inversión de $30.000 millones en obras del Hospital Garrahan, en una estrategia destinada a reducir el impacto político de la suspensión. La Casa Rosada se ampara en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y planea demorar la promulgación formal hasta el límite legal, postergando la ejecución hasta el Presupuesto 2026 y evitando judicializaciones inmediatas.