El Gobierno enviará al Congreso el proyecto de Ley de Libertad Educativa, que será debatido en sesiones extraordinarias. La iniciativa plantea una reconfiguración del sistema educativo, con cambios estructurales en la organización institucional y en las modalidades de enseñanza.
La norma reemplaza la actual Ley de Educación Nacional y propone un esquema que amplía la autonomía escolar, reconoce la educación en el hogar y habilita modalidades virtuales, además de equiparar jurídicamente a la educación estatal y privada. El objetivo general es modernizar el sistema y diversificar las opciones para las familias.
El proyecto establece la libertad educativa como derecho esencial, asignando a las familias un papel más relevante en la formación de los estudiantes, mientras que el Estado actúa como garante del acceso y el control de calidad.
La propuesta crea un Sistema Nacional de Educación orientado a la pluralidad pedagógica, mantiene la gratuidad en la educación estatal y plantea un modelo de financiamiento centrado en el estudiante, con aportes regulares a instituciones privadas, vales educativos y becas.
Entre las nuevas modalidades reconocidas se incluyen la educación en el hogar y los entornos virtuales, acompañados por un esquema de evaluaciones estandarizadas para acreditar los aprendizajes.
La ley proyecta contenidos mínimos comunes en todas las jurisdicciones y crea el ENES, un examen voluntario para quienes finalicen la secundaria.
En el plano docente, impulsa una carrera profesional basada en el mérito, con evaluaciones periódicas, formación continua y la creación del Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente, encargado de fijar estándares.