Organizaciones que integran la Red Intersectorial por la Ley de Salud Mental y Adicciones manifestaron su rechazo a una posible modificación de la normativa y pidieron priorizar su implementación.
A través de un comunicado, sostuvieron que el principal problema es el incumplimiento presupuestario, ya que la ley fija un mínimo del 10% del gasto en salud, mientras que actualmente se destina alrededor del 1,4%.
En ese marco, reclamaron mayor financiamiento tanto a nivel nacional como provincial, junto con la ampliación de los dispositivos de atención.
También cuestionaron la situación de organismos como SEDRONAR y el Hospital Bonaparte, y rechazaron la idea de que la legislación vigente impide internaciones.
“Es falso que no se pueda internar”, afirmaron, y aclararon que la ley regula ese recurso como última instancia.
Además, destacaron la necesidad de un enfoque integral y advirtieron sobre el aumento de las problemáticas de salud mental en la población.
El posicionamiento lleva la firma de distintas organizaciones, entre ellas la APDH, trabajadores del sistema público y usuarios.