El fiscal jefe Pablo Vignaroli explicó los alcances de la reformulación de cargos en la investigación por el presunto desvío de fondos públicos destinados a un programa de capacitación ejecutado por la cooperativa Viento Sur.
Durante el avance de la investigación, el Ministerio Público Fiscal determinó que los recursos transferidos a la entidad habrían sido utilizados para fines diferentes a los establecidos en el programa oficial.
A partir de esa conclusión, la fiscalía analizó los expedientes administrativos vinculados con los pagos para establecer cómo se autorizaron las órdenes hacia Tesorería y si se cumplieron las normas vigentes.
“Detectamos irregularidades en la tramitación de esas órdenes. Eso nos indicó que no se estaba respetando la normativa de administración financiera ni el decreto que creó el programa”, afirmó Vignaroli.
En ese contexto, la acusación atribuye a los exfuncionarios el rol de autores o coautores del delito de administración fraudulenta.
El total de fondos entregados a la cooperativa entre julio de 2022 y diciembre de 2023 alcanza los 1.206 millones de pesos, calculados a valores históricos.
Ese dinero debía financiar capacitaciones en oficios para personas asociadas a la cooperativa, con el objetivo de promover su inserción laboral.
Sin embargo, la investigación sostiene que la organización vinculada al FOL no habría concretado las capacitaciones comprometidas.
Según la fiscalía, parte del dinero fue transferido a cuentas bancarias de particulares bajo el concepto de “salarios”, aunque no se encontraron contratos laborales ni documentación que respaldara esos pagos.
Además, se detectaron operaciones vinculadas con la compra de inmuebles en Junín de los Andes y San Martín de los Andes, la adquisición de vehículos y otros gastos de la organización.
El fiscal también señaló que la Contaduría General de la Provincia había advertido inconsistencias en las rendiciones presentadas por la cooperativa. A pesar de esas observaciones, los pagos continuaron realizándose de forma mensual.
Entre los integrantes del FOL involucrados en la causa aparecen Diego Mauro y la exdiputada Gabriela Supisich, acusados por la misma maniobra.
Algunos fueron imputados como coautores, mientras que otros quedaron señalados como partícipes necesarios.
Vignaroli aclaró que, en esta causa, la fiscalía no imputó asociación ilícita, ya que durante la investigación no se comprobó la existencia de una estructura organizada con roles previamente definidos.
El delito investigado, administración fraudulenta, contempla penas de uno a seis años de prisión. Si la investigación se cierra en abril, la fiscalía presentará la acusación formal para avanzar hacia el juicio.