La Legislatura provincial avanzó este martes en el tratamiento de la iniciativa que establece controles toxicológicos obligatorios para funcionarios y autoridades de los tres poderes del Estado.
La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A), presidida por Ernesto Novoa (Comunidad), dio despacho unánime al proyecto, con cambios respecto al dictamen previo de la comisión de Desarrollo Humano y Social (C). El expediente pasará ahora a la comisión de Hacienda y Presupuesto (B).
Se definió que los exámenes se realicen con test rápidos de orina o saliva, con análisis confirmatorio en laboratorio solo si el resultado es positivo, según propuso la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir). La medida busca rapidez y menor costo frente a los estudios de sangre tradicionales.
Ante un resultado positivo, el funcionario podrá solicitar contraprueba en otro laboratorio, contar con un perito de parte y recusar el laboratorio designado.
Durante la discusión, diputados advirtieron sobre las limitaciones constitucionales para imponer sanciones. Federico Méndez (Comunidad) recordó que la suspensión o destitución de funcionarios electos está regulada por la Constitución, mientras que César Gass (JxC-UCR) pidió un análisis más detallado del marco legal.
Las sanciones variarán según el cargo: suspensión o revocación del mandato para electos, y jurado de enjuiciamiento para jueces y miembros del Poder Judicial no sujetos a juicio político.
El control abarcará a gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, diputados, jueces, fiscales, defensores, integrantes del Tribunal Superior de Justicia, consejeros de la Magistratura, autoridades de organismos autárquicos, empresas estatales, intendentes y concejales.
El costo de los exámenes será cubierto por los propios funcionarios y la negativa a testearse se considerará positiva.
Se creará además una Comisión Evaluadora Interpoderes y un registro interno confidencial para supervisar los protocolos y asegurar la trazabilidad de los controles.
El diputado Novoa resaltó que la medida promueve igualdad entre funcionarios y trabajadores, y el proyecto seguirá su análisis en la comisión de Presupuesto.