El borrador más reciente de la reforma laboral que trabaja el gobierno de Javier Milei incluye definiciones clave para el régimen del personal de casas particulares y para los repartidores que operan a través de aplicaciones digitales. El texto actualiza derechos, deberes y procesos de contratación, y propone un marco más ordenado para ambas actividades.
Para el servicio doméstico, la novedad central es la creación de un período de prueba de seis meses para nuevos contratos por tiempo indeterminado. En esa etapa, el vínculo podrá disolverse sin justificación y sin indemnización, aunque solo una vez por cada trabajadora. Se sostienen la jornada máxima de 8 horas por día o 48 semanales, las 35 horas de descanso desde el sábado al mediodía y el intervalo de 12 horas entre turnos.
La reforma incorpora la opción de reemplazar la provisión de elementos de trabajo por un pago no remunerativo al finalizar la prueba, y exige que el empleador garantice alimentación acorde a la modalidad contratada. También se vuelve obligatorio contratar un seguro contra riesgos del trabajo y emitir recibos electrónicos mediante la plataforma de ARCA. El comprobante bancario se considerará suficiente para acreditar pagos.
El texto subraya los deberes del empleado: cumplir instrucciones, proteger bienes del hogar y resguardar la privacidad de la familia.
Para los repartidores de plataformas, el borrador introduce por primera vez un régimen diferenciado. Los define como trabajadores independientes, con autonomía para conectarse, aceptar o rechazar pedidos y fijar su disponibilidad. Las plataformas deberán exponer información clara antes de cada entrega, brindar capacitaciones gratuitas y garantizar elementos de seguridad.
Los repartidores deberán inscribirse ante ARCA, disponer de un medio de cobro digital, cumplir normas de circulación y contar con un seguro de accidentes personales. El sistema reconoce derechos adicionales, como recibir el 100% de las propinas y conocer los datos que almacenan las plataformas.
Aunque ambos regímenes quedan fuera de la Ley de Contrato de Trabajo, el borrador unifica criterios en materia de formalidad, seguridad y documentación, lo que anticipa ajustes en el funcionamiento cotidiano de hogares empleadores y aplicaciones de delivery.