El Gobierno nacional ajusta en estas horas el borrador de la reforma laboral, un proyecto amplio que modificaría la Ley de Contrato de Trabajo y diversas normas asociadas. El documento preliminar marca tres prioridades: bajar la litigiosidad, promover el empleo registrado y adecuar las relaciones laborales a los cambios productivos.
Entre las medidas centrales aparece el Régimen de Promoción del Empleo Registrado, orientado a que los empleadores blanqueen personal no declarado. El plan ofrece condonación de deudas previsionales, eliminación de intereses y salida del REPSAL, siempre que la regularización sea total.
En materia de registración, la propuesta concentra las tareas de control en ARCA y elimina el régimen de multas vigente. Sin embargo, mantiene la regla que considera la falta de registración como una presunción favorable al trabajador ante cualquier reclamo.
El capítulo indemnizatorio introduce cambios relevantes. El proyecto fija un techo equivalente a tres salarios promedio del convenio, define un piso del 67 por ciento del salario habitual y habilita que los convenios colectivos adopten un fondo de cese laboral para reemplazar las indemnizaciones tradicionales.
El borrador también retoca el artículo 212, que regula los accidentes y enfermedades, y plantea criterios distintos para la reincorporación y la compensación económica según el nivel de incapacidad.
Otro punto destacado es el régimen para repartidores de plataformas digitales, definidos como trabajadores independientes con obligaciones fiscales y de seguridad social. El sistema garantiza el derecho a rechazar pedidos, recibir fundamentos por bloqueos y mantener condiciones mínimas de protección.
En cuanto a los procedimientos de crisis y la negociación colectiva, el proyecto exige mayor transparencia en la información aportada por las empresas y prevé sanciones para quienes entorpezcan el proceso. Además, incorpora una actualización de créditos laborales basada en IPC más 3 por ciento y establece límites para los juicios en curso.
El borrador suma incentivos para promover nuevas contrataciones mediante reducciones temporales en las contribuciones patronales. El texto continuará en revisión antes del envío al Congreso.