La provincia dio un paso decisivo en la política criminal al promulgar tres leyes que fortalecen las herramientas legales y operativas para enfrentar el delito y el microtráfico. Las normas, vigentes desde el 4 de julio, otorgan nuevas facultades a las fuerzas de seguridad, la justicia y los actores institucionales involucrados en la prevención y sanción de estas problemáticas.
Entre las principales medidas, se incorpora la reiterancia delictiva como motivo para prisión preventiva, se crea un Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana con alcance regional para coordinar políticas y se habilitan denuncias anónimas, además de técnicas especiales de investigación para casos de microtráfico.
Fin a la puerta giratoria
La nueva legislación establece que quienes cometan delitos en forma reiterada podrán ser privados de su libertad antes del juicio, buscando evitar que delincuentes reincidentes queden libres sin consecuencias reales. Esta medida responde a la demanda social por una justicia más efectiva y rigurosa.
Participación y coordinación
Se crea el Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana y sus consejos regionales como espacios de diálogo y coordinación entre el Estado, las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y la sociedad civil. Estos organismos tendrán a su cargo realizar diagnósticos del delito, proponer políticas preventivas, promover campañas de concientización y mejorar la gestión policial.
Herramientas específicas contra el microtráfico
La tercera ley fortalece el combate contra el microtráfico mediante la incorporación de denuncias anónimas, agentes reveladores, informantes y allanamientos en horarios excepcionales, siempre con autorización judicial y supervisión fiscal. Estas medidas están diseñadas bajo criterios de necesidad y proporcionalidad para proteger a las comunidades más vulnerables afectadas por este delito.
Estas iniciativas consolidan un nuevo enfoque en seguridad pública, donde la responsabilidad provincial se combina con la participación comunitaria y un mayor respaldo legal para la acción estatal frente a delitos complejos.