La reforma del sistema Alerta Nati busca que ninguna exigencia administrativa retrase el comienzo de una búsqueda ante la desaparición de un menor de edad. Esa es una de las principales recomendaciones que presentó la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia durante el tratamiento del proyecto en la Legislatura neuquina.
El organismo respaldó la iniciativa del ciudadano Mariano Rolla, que propone actualizar la normativa creada en 2010. Entre los cambios sugeridos, planteó que las dependencias policiales reciban las denuncias sin exigir un tiempo de espera, pruebas previas, la acreditación de un delito o un vínculo familiar específico con la persona desaparecida.
La propuesta también apunta a impedir que una comisaría rechace una denuncia por cuestiones de jurisdicción y a garantizar que la falta de documentación o de una fotografía reciente no frene las primeras medidas de búsqueda.
Durante la reunión, las funcionarias de la Subsecretaría señalaron que la actualización debe contemplar las herramientas tecnológicas disponibles y ampliar los formatos de difusión de las alertas. Para ello, recomendaron establecer criterios de uso que protejan la información y contemplen la necesidad, la proporcionalidad y los mecanismos de control.
Otro aspecto planteado fue la necesidad de mejorar la articulación entre las instituciones, asegurar que las denuncias sean recibidas y sostener la intervención estatal incluso después de que la persona sea localizada.
La directora provincial Jorgelina Novoa advirtió que actualmente activar el procedimiento en una comisaría puede llevar entre cuatro y cinco horas. También pidió contemplar específicamente las ausencias de adolescentes alojados en dispositivos de cuidado formal, donde se registran situaciones de falta de regreso en los horarios establecidos.
La Subsecretaría consideró, además, que la normativa debe evitar una mirada punitiva sobre las desapariciones de adolescentes y prever el retiro oportuno de las imágenes y alertas cuando finaliza la búsqueda.
La comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento acordó continuar el análisis y pedir la opinión de la Policía y del Ministerio de Seguridad antes de avanzar con el proyecto.