Casi $2,7 millones, dólares, pesos chilenos y más de un kilo de cannabis forman parte del resultado de nueve allanamientos realizados en Plottier y Zapala, en el marco de una investigación por presunta venta de estupefacientes. Los procedimientos también permitieron secuestrar cocaína, plantas de marihuana, dispositivos electrónicos y un vehículo.
El balance general incluyó 484,07 gramos de cocaína, 1,2 kilos de cannabis, 21 plantas y semillas. Además, los investigadores incautaron $2.695.200, 220 dólares y 56.000 pesos chilenos.
Entre los elementos secuestrados figuran 18 teléfonos celulares, seis balanzas, cuatro notebooks, municiones y una camioneta Ford Ranger. También encontraron recortes de nylon, materiales para fraccionar sustancias y una impresora portátil de etiquetas.
Uno de los domicilios registrados en Zapala concentró parte de los hallazgos: allí se encontraron 782,10 gramos de marihuana, 484,10 gramos de cocaína, 21 plantines y 36 semillas de cannabis. Parte de la droga estaba en la vivienda y otra cantidad, en un vehículo vinculado al principal sospechoso. El resultado global también contabilizó sustancias encontradas en una encomienda.
A partir de los elementos reunidos, el fiscal jefe de Zapala, Matías Álvarez, formuló cargos contra un hombre identificado como L.M.C. por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, conforme a la Ley 23.737.
La investigación se extendió desde el 24 de septiembre hasta el 13 de noviembre e incluyó tareas de vigilancia y análisis de movimientos financieros. Según expuso la Fiscalía, se detectaron movimientos compatibles con posibles intercambios de drogas en el domicilio del acusado y numerosas transferencias bancarias, aunque no registraba empleo formal ni actividad comercial declarada en ese lugar.
El juez de garantías Juan Pablo Balderrama tuvo por formulados los cargos y convalidó la detención. Sin embargo, dispuso que el hombre continúe el proceso en libertad, con la obligación de presentarse cada 15 días en una comisaría y la prohibición de salir de la provincia sin autorización judicial.
El plazo de investigación fue fijado en cuatro meses. Además del imputado, otras cinco personas quedaron supeditadas al avance de la causa. Una de ellas ya cumplía prisión domiciliaria por una condena federal.

