Un proyecto de ley que se encuentra en tratamiento en la Legislatura de Neuquén propone establecer un régimen específico para proteger las tierras productivas, especialmente aquellas que cuentan con sistemas de riego o drenaje y que podrían verse afectadas por el crecimiento urbano y la expansión de otras actividades.
La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo y plantea un régimen integral de protección, conservación, recuperación y uso sustentable de esos suelos. El proyecto establece que la protección alcanzará tanto a tierras públicas como privadas, estén o no actualmente en producción, siempre que cuenten con infraestructura de riego y drenaje o tengan aptitud agrícola reconocida.
El planteo se vincula con el crecimiento demográfico y económico de la provincia y con la mayor demanda de terrenos para viviendas, instalaciones industriales, emprendimientos turísticos y actividades de servicios.
Desde el área de Producción se señaló que la intención es evitar que la expansión de las ciudades reduzca progresivamente la superficie disponible para actividades agropecuarias y, al mismo tiempo, avanzar hacia una matriz productiva con mayor diversidad.
Uno de los fundamentos mencionados por la Provincia es la reducción de la superficie destinada a la actividad frutícola. Según los datos citados por el Ejecutivo provincial, durante 2025 se perdieron 663 hectáreas de superficie frutícola. El proyecto también advierte sobre la fragmentación de las chacras, un proceso que puede reducir la viabilidad económica de las unidades productivas.
La propuesta contempla la elaboración de una cartografía oficial para identificar y registrar las tierras bajo riego y drenaje y aquellas que tengan aptitud productiva. A partir de esa delimitación se podrían establecer dos categorías: una de protección prioritaria (ZP1) y otra de uso condicionado (ZP2).
En las áreas de protección prioritaria, el proyecto establece una orientación hacia el uso agropecuario. En las zonas de uso condicionado se busca impedir que se profundicen cambios de uso del suelo ya existentes y establecer condiciones para las subdivisiones.
También se plantea que una parcela no pueda dividirse cuando el fraccionamiento comprometa su capacidad productiva, la eficiencia del riego o el uso sustentable del agua. Toda modificación de límites dentro de las zonas alcanzadas requeriría autorización previa de la autoridad de aplicación.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la protección de la infraestructura de riego y drenaje. Canales, acequias, compuertas, tomas, drenes y otras instalaciones quedarían bajo un régimen de protección para evitar intervenciones que afecten su funcionamiento.
La iniciativa establece además que la calificación agropecuaria de los suelos irrigados tendría carácter prioritario. Los loteos y urbanizaciones quedarían prohibidos en las zonas productivas protegidas, al igual que otros cambios hacia usos urbanos, industriales, residenciales, turísticos o de servicios, con excepciones específicas y debidamente fundamentadas.
El proyecto contempla mecanismos de fiscalización, monitoreo e inspecciones. Entre las infracciones previstas aparecen los loteos prohibidos, movimientos de suelo que alteren los escurrimientos y afectaciones sobre canales o drenajes. Las sanciones podrían incluir apercibimientos, multas, suspensión o revocación de permisos y clausuras, previo procedimiento administrativo y derecho de defensa.
La iniciativa también incorpora la creación de un Fondo Provincial de Protección y Conservación de Suelos Irrigados, destinado a financiar acciones vinculadas con el mantenimiento y modernización de los sistemas productivos.
En paralelo, la Provincia trabaja en la ampliación de la superficie que podría incorporarse al riego. En julio abrió la licitación para elaborar el proyecto ejecutivo destinado a estudiar la incorporación y optimización del riego en unas 54.000 hectáreas del denominado Corredor Productivo del Viento, entre Piedra del Águila y Picún Leufú. Esa etapa corresponde a estudios y planificación de futuras obras, no a la incorporación inmediata de esas tierras a la producción.
El proyecto de protección de tierras productivas continuará ahora su recorrido legislativo. El debate deberá definir el alcance definitivo de las restricciones y las condiciones bajo las cuales podrán compatibilizarse la actividad agropecuaria con el crecimiento urbano, industrial y de servicios.