El Gobierno nacional modificó la normativa que regula los pesos y dimensiones del transporte pesado con el objetivo de agilizar el traslado de cargas y reducir los costos logísticos.
Los cambios fueron establecidos mediante el Decreto 689/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La medida actualizó, después de 30 años, el Anexo R del Decreto 779/95, reglamentario de la Ley de Tránsito.
Uno de los principales cambios apunta a equiparar las medidas de los camiones argentinos con las utilizadas en Brasil, con el objetivo de facilitar una mayor compatibilidad entre los vehículos que circulan por ambos países.
La adecuación todavía deberá complementarse con modificaciones de la normativa del Mercosur para alcanzar una integración plena de los parques automotores de Argentina y Brasil.
La nueva regulación también modifica los pesos máximos permitidos por camión, aunque mantiene como referencia el límite correspondiente a cada eje, un criterio considerado relevante para preservar el estado de las rutas.
Según explicó el Gobierno, la normativa anterior impedía que determinados vehículos utilizaran plenamente su capacidad de carga, incluso cuando técnicamente podían transportar un peso mayor.
Con la actualización, se busca adecuar los límites establecidos para el transporte pesado a las características actuales de los vehículos y mejorar el aprovechamiento de su capacidad operativa.
Otro de los cambios está relacionado con la evolución tecnológica del sector durante las últimas décadas. La nueva normativa incorpora configuraciones de vehículos que utilizan combustibles alternativos, como gas y electricidad.
Estos sistemas requieren contemplar características diferentes a las de los camiones tradicionales, debido al peso y la disposición de sus componentes y sistemas de propulsión.
La actualización del Anexo R apunta así a adaptar la regulación argentina a las nuevas configuraciones que ya forman parte de la evolución del transporte de cargas.
De acuerdo con el Gobierno nacional, los cambios buscan mejorar la eficiencia del transporte, reducir costos logísticos y adecuar las normas argentinas a las condiciones del transporte regional.
La reforma también busca acompañar la evolución tecnológica de los vehículos pesados y establecer reglas compatibles con las características actuales del sector.