La Justicia de Neuquén resolvió este jueves las medidas cautelares para dos personas imputadas en una investigación por hechos de hurto y robo simple ocurridos en Junín de los Andes.
Durante una audiencia, la jueza dispuso la libertad de una mujer y ordenó que el otro imputado cumpla prisión preventiva domiciliaria durante dos meses.
La mujer recuperó la libertad en la misma sala de audiencias, siempre que no exista otra orden de detención o captura vigente en su contra.
Sin embargo, deberá cumplir una estricta restricción durante el período fijado por la Justicia. No podrá contactar ni acercarse a menos de 200 metros de las víctimas y testigos relacionados con la investigación.
La prohibición alcanza tanto al contacto presencial como a cualquier comunicación por otros medios. Incluye llamadas, mensajes, redes sociales y comunicaciones indirectas.
La medida estará vigente hasta fines de octubre de 2026.
El segundo imputado seguirá detenido en su domicilio
Para el otro acusado, la Justicia estableció prisión preventiva domiciliaria por el mismo plazo.
El domicilio fijado está ubicado en el paraje San Cabao, sobre la Ruta Provincial 61, en Junín de los Andes. La medida deberá cumplirse de manera permanente durante el período establecido.
El imputado será trasladado directamente desde la sede judicial hasta ese lugar bajo custodia policial.
También se ordenó gestionar la colocación de una tobillera electrónica con geolocalización.
Mientras el dispositivo no esté instalado, la Comisaría 25ª deberá realizar controles sorpresivos y aleatorios todos los días para verificar que el imputado permanezca en el domicilio.
La Fiscalía tendrá a su cargo determinar la cantidad y frecuencia de esos controles de acuerdo con las necesidades de la investigación.
Qué ocurre si incumplen las medidas
La resolución establece un mecanismo de comunicación inmediata ante cualquier incumplimiento.
Si el imputado sometido a prisión domiciliaria abandona el domicilio sin autorización, o si se registra alguna otra violación de las condiciones establecidas, la situación deberá ser informada de inmediato a la Oficina Judicial Penal y a la Fiscalía.
Las medidas cautelares tendrán vigencia durante dos meses mientras continúa el avance de la investigación judicial.