El Gobierno nacional analiza incorporar las partidas destinadas a universidades y discapacidad dentro del proyecto de Presupuesto 2027, con el objetivo de ordenar su financiamiento y limitar el impacto fiscal de iniciativas impulsadas por el Congreso.
Según trascendió desde la Casa Rosada, la estrategia apunta a que ambas políticas sean debatidas dentro del esquema general de ingresos y gastos del Estado, en lugar de aprobarse mediante leyes específicas que impliquen mayores erogaciones sin una fuente de financiamiento definida.
La iniciativa todavía no fue formalizada y dependerá de las negociaciones que el Poder Ejecutivo mantenga con gobernadores y bloques legislativos aliados para reunir los consensos necesarios antes del envío del proyecto al Congreso.
La decisión surge luego de que el oficialismo no lograra incorporar estos cambios durante el debate del Presupuesto 2026.
Uno de los principales focos está puesto en el financiamiento universitario. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia dejó firme una medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con artículos de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados a la actualización salarial de docentes y no docentes, además de la recomposición de las becas estudiantiles.
No obstante, el Ejecutivo sostiene que esa resolución tiene carácter provisorio y que no representa una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la norma.
En materia de discapacidad, el Gobierno impulsa auditorías, reempadronamientos, controles sobre incompatibilidades para las pensiones no contributivas y cambios en el esquema de financiamiento, con el argumento de fortalecer los mecanismos de control y optimizar el gasto público.
La estrategia forma parte de una negociación legislativa más amplia, que también incluye la aprobación del Presupuesto 2027, la reforma electoral y otros proyectos considerados prioritarios por el oficialismo.
Desde el Ejecutivo ratificaron que el próximo presupuesto mantendrá como eje el superávit fiscal, la estabilidad macroeconómica y el principio de que cualquier incremento del gasto deberá contar con financiamiento.