El Poder Ejecutivo nacional envió al Senado un proyecto de ley que busca establecer un marco integral para prevenir la ludopatía y regular los juegos de azar online, con foco en la protección de menores y el combate contra plataformas ilegales.
La iniciativa fue presentada luego de que el Gobierno advirtiera sobre el crecimiento sostenido de las apuestas digitales y el impacto que generan especialmente en jóvenes y adolescentes.
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo sostuvo que el uso problemático de tecnologías digitales y las conductas compulsivas vinculadas al juego online representan “fenómenos complejos y multidimensionales” que requieren una respuesta coordinada del Estado.
El diagnóstico oficial se apoya en estadísticas de Sedronar, que revelan que más de una cuarta parte de los estudiantes secundarios participó en apuestas con dinero durante el último año, principalmente mediante plataformas digitales.
Entre los principales ejes de la propuesta aparecen la erradicación de sitios ilegales, la prohibición absoluta del acceso de menores y el fortalecimiento de políticas públicas de prevención y tratamiento del juego patológico.
El proyecto también endurece las penas para operadores clandestinos. Quienes exploten plataformas sin autorización podrían enfrentar condenas de entre tres y seis años de prisión. Además, prevé sanciones de entre dos y cuatro años para quienes colaboren mediante servicios financieros, tecnológicos o publicitarios.
En materia de publicidad, la iniciativa prohíbe la promoción de plataformas ilegales en redes sociales, medios de comunicación y vía pública. También fija responsabilidades para influencers, agencias y productoras que participen en campañas de difusión.
Respecto de las plataformas autorizadas, el texto impone restricciones estrictas: no podrán orientar campañas a menores ni asociar el juego con el éxito económico, social o el consumo de alcohol y tabaco.
El proyecto además asigna funciones específicas al Enacom, al Banco Central y a otros organismos de control para bloquear contenidos, impedir transferencias y monitorear operaciones vinculadas a plataformas no habilitadas.