El sector rural inició una nueva etapa en su esquema laboral tras la homologación de la primera paritaria bajo el régimen general de negociación colectiva, un cambio que redefine cómo se fijan los salarios en la actividad.
La medida, oficializada por el Ministerio de Capital Humano, se apoya en la Ley 27.802, que introdujo modificaciones para integrar al trabajo agrario dentro del sistema tradicional de paritarias.
El acuerdo fue firmado por UATRE y las entidades empresarias más representativas del sector, incluyendo CRA, Sociedad Rural, CONINAGRO, CAME y Federación Agraria.
Hasta ahora, las remuneraciones mínimas eran determinadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, un esquema centralizado que dejaba poco margen para la negociación directa. Con la nueva normativa, el sector pasa a un modelo donde sindicatos y empleadores acuerdan condiciones salariales de manera directa, con posterior homologación estatal.
El cambio no es menor. Supone una mayor formalización del vínculo laboral en el agro y alinea al sector con el resto de las actividades económicas en materia de negociación colectiva.
Desde el punto de vista económico, el nuevo esquema introduce mayor previsibilidad jurídica, aunque también plantea desafíos. Entre ellos, la posibilidad de que surjan diferencias en la capacidad de negociación según la región o el tipo de actividad.
El Gobierno nacional destacó la medida como parte de un proceso de modernización laboral, con el objetivo de consolidar reglas más claras y estables en una actividad clave para la generación de divisas.