Mediante el Decreto 1203/2026, el Gobierno nacional aprobó un régimen de retiro voluntario para trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada. La disposición fue publicada el lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial y comenzó a regir desde esa fecha.
La medida está destinada a dos grupos: empleados de planta permanente comprendidos en la Ley 25.164 y trabajadores con contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Su alcance se limita a las jurisdicciones y organismos contemplados en el anexo del decreto.
Uno de los aspectos centrales es la eliminación de los cargos presupuestarios de quienes se acojan al programa, una vez que finalice su vínculo laboral con el Estado. La decisión se inscribe en la estrategia oficial de reorganización de las estructuras y dotaciones de la administración pública.
Compensaciones y restricciones
El decreto establece que las condiciones para acceder al retiro y el esquema de compensaciones económicas están detallados en el anexo. Entre los puntos difundidos antes de la publicación figuraba una restricción para volver a trabajar en el Sector Público Nacional durante ocho años, aunque el alcance y las excepciones deben verificarse en el texto definitivo.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, que podrá dictar normas complementarias y prorrogar el plazo de adhesión una sola vez, por un máximo de 30 días corridos.
La normativa lleva las firmas de Javier Milei, Diego Santilli y Federico Sturzenegger.