El Senado aprobó una nueva Ley de Discapacidad con un régimen permanente

El Senado aprobó una nueva Ley de Discapacidad con un régimen permanente

La nueva Ley de Discapacidad fue aprobada por unanimidad en el Senado, con 71 votos afirmativos, y establece cambios en el sistema de pensiones, cobertura médica, prestaciones y financiamiento destinado a las personas con discapacidad.

El principal objetivo es reemplazar el régimen de emergencia, cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2026, por un esquema permanente que dé continuidad a las prestaciones y establezca reglas para su funcionamiento.

Uno de los puntos centrales es la continuidad de las pensiones no contributivas, que equivalen al 70% del haber mínimo jubilatorio y se actualizan de acuerdo con las reglas previsionales. La norma también mantiene el Certificado Único de Discapacidad como requisito para acreditar la condición en el acceso a estos beneficios.

Otro cambio relevante es la compatibilidad entre la pensión y el trabajo registrado. Las personas podrán incorporarse a un empleo formal o inscribirse en el monotributo sin perder automáticamente el beneficio, siempre que sus ingresos individuales se mantengan por debajo de dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La legislación también establece condiciones de acceso vinculadas con la situación previsional y socioeconómica de cada solicitante. Parte de esos criterios deberá definirse mediante la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Qué pasa con las prestaciones y las deudas

El texto conserva el nomenclador universal de prestaciones y los aranceles unificados para los servicios de atención y rehabilitación. También mantiene la cobertura médica de Incluir Salud para los titulares alcanzados por el régimen.

En cuanto al financiamiento, establece partidas específicas del Ministerio de Salud y contempla la intervención del Tesoro Nacional si los recursos presupuestarios no resultan suficientes. Además, fija mecanismos para que los fondos destinados al sector mantengan su capacidad de financiamiento en términos reales.

La norma incluye un apartado para regularizar las deudas con prestadores. El Gobierno deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia y completar la cancelación en un plazo máximo de 90 días, siempre que se hayan cumplido los trámites administrativos.

Controles sobre las pensiones

La nueva legislación prevé auditorías periódicas mediante el cruce de datos con organismos públicos, entre ellos ANSES, ARCA y Renaper.

Si se detectan posibles incumplimientos, los beneficiarios deberán ser notificados y podrán presentar un descargo. La ley también contempla mecanismos para solicitar la rehabilitación provisoria de una prestación cuando haya sido suspendida preventivamente.

Tras la aprobación del Senado, la iniciativa deberá ser promulgada y publicada en el Boletín Oficial. Su reglamentación deberá completarse dentro de los 30 días hábiles posteriores a la publicación.

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