La modificación de la Ley Provincial 2941, que regula la actividad de los guardavidas, abrió una discusión en la que el sindicato del sector busca incorporar cambios sobre condiciones de trabajo, prevención y cobertura de seguridad acuática.
El Sindicato de Guardavidas del Neuquén (SIGUNE) solicitó a la Comisión I de la Legislatura provincial que su participación, prevista inicialmente para el martes 27 de octubre, se reprograme para el 3 de noviembre. La entidad argumentó que sus representantes tienen compromisos laborales y de capacitación que les impiden asistir en la fecha establecida, tanto de forma presencial como virtual.
La organización presentó una serie de iniciativas para que sean consideradas durante el debate. Entre los reclamos laborales figuran la continuidad del empleo, el reconocimiento de la antigüedad, una jornada de seis horas sin reducción salarial y una remuneración adecuada a las particularidades de la profesión. También pidió reconocer el pago correspondiente al trabajo habitual durante fines de semana y feriados.
En materia preventiva, SIGUNE propuso ampliar la presencia de guardavidas en ríos, lagos y embalses, incluso en sectores que no estén formalmente habilitados pero sean utilizados por bañistas. El planteo apunta a extender la cobertura de seguridad más allá de los espacios oficialmente autorizados.
Para facilitar la contratación de personal, el sindicato pidió crear mecanismos de asistencia económica, habitacional y de equipamiento destinados a los municipios. Esos recursos permitirían contar con guardavidas habilitados y con elementos necesarios para las tareas de prevención y rescate, incluidas embarcaciones.
La agenda también contempla becas para jóvenes del interior que quieran formarse en la profesión, acceso a natatorios para entrenamientos y reválidas, acuerdos entre los gobiernos provincial y nacional para coordinar medidas en áreas de Parques Nacionales y un régimen jubilatorio especial.
El sindicato busca que estos puntos sean considerados antes de que la Legislatura avance en la reforma, con el argumento de que la norma debe contemplar tanto las condiciones laborales como la protección de quienes concurren a los espacios acuáticos.