La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni sumó nuevas medidas de prueba ordenadas por la Justicia federal. La causa, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo con intervención del fiscal Gerardo Pollicita, busca determinar la evolución patrimonial del funcionario y verificar la consistencia de la información declarada.
Una de las principales diligencias consiste en un pedido de información a la Comisión Nacional de Valores, organismo al que se le solicitó un relevamiento de todas las plataformas, exchanges y billeteras virtuales que operaron en el país desde 2012.
La medida apunta a contrastar la explicación brindada por Adorni sobre sus inversiones en activos digitales. El funcionario afirmó haber comenzado a operar con Bitcoin en 2013, por lo que la fiscalía pretende reunir elementos que permitan analizar esa actividad financiera.
En paralelo, también se requirió información sobre los movimientos registrados en el lote 380 del country Indio Cuá, inmueble adquirido por el jefe de Gabinete y posteriormente sometido a trabajos de remodelación. Los investigadores intentan reconstruir detalles relacionados con las obras y las personas que ingresaron al lugar durante ese período.
Otra de las líneas de investigación se concentra en verificar datos vinculados a una presunta mudanza de Silvia Pais al barrio privado Fincas de Iraola, en Berazategui.
La causa continúa en una instancia preliminar de producción de pruebas y, hasta el momento, no existen definiciones judiciales sobre la situación procesal del funcionario.