El Gobierno nacional puso en marcha un programa destinado a detectar y bloquear celulares utilizados dentro de establecimientos penitenciarios, mediante un sistema que permitirá identificar los dispositivos activos y gestionar su inhabilitación ante las empresas de telefonía.
La medida fue establecida mediante la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, que creó el Programa para la Detección y Bloqueo de Telefonía Móvil en Establecimientos Penitenciarios.
El objetivo es reducir el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles y limitar las comunicaciones con el exterior que puedan utilizarse para coordinar actividades delictivas.
Cómo funcionará
El sistema permitirá identificar individualmente los dispositivos que se encuentren activos dentro de los establecimientos penitenciarios.
Para hacerlo, se utilizarán tres datos asociados a cada teléfono y su línea: el IMEI, que identifica de manera única al dispositivo; el IMSI, correspondiente a la línea o tarjeta SIM; y el número telefónico.
Una vez detectado un celular dentro de una unidad penitenciaria, esa información será remitida a las empresas de telefonía para gestionar el bloqueo correspondiente.
El mecanismo contempla bloqueos selectivos, de modo que la medida pueda dirigirse específicamente a los dispositivos identificados dentro de los establecimientos.
Adhesión de las provincias
El programa no se implementará de manera automática en todas las cárceles del país.
El Gobierno nacional convocó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir voluntariamente al sistema para aplicarlo en los establecimientos penitenciarios que se encuentren bajo sus respectivas jurisdicciones.
Las jurisdicciones que adhieran deberán asumir los costos relacionados con la compra, instalación, mantenimiento y supervisión de los equipos de detección.
La coordinación de las adhesiones estará a cargo de la Subsecretaría de Articulación Federal.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad Nacional será el encargado de centralizar las solicitudes de bloqueo ante las compañías de telefonía móvil.
De esta manera, las provincias adheridas deberán canalizar los pedidos a través del Ministerio y no podrán solicitar directamente a las empresas la inhabilitación de las líneas detectadas.
El programa establece así un esquema centralizado para la detección y bloqueo selectivo de teléfonos dentro de las unidades penitenciarias.