Un estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) estimó que el 37,5% de los niños y adolescentes tuvo durante 2025 dificultades económicas para comprar ropa o calzado.
El porcentaje no fue uniforme entre los distintos grupos socioeconómicos. Según el relevamiento, la incidencia alcanzó al 58,3% en el nivel más bajo, mientras que entre los hogares del nivel medio alto fue del 17,8%.
La investigación también incluyó indicadores relacionados con el aprendizaje, los vínculos y el bienestar emocional. De acuerdo con sus resultados, el 36,8% presentó dificultades vinculadas al aprendizaje, el 27,3% tuvo problemas para relacionarse con sus pares o integrarse a grupos y el 18,1% presentó síntomas de tristeza o ansiedad, según la información aportada por los adultos de referencia.
El informe advierte además que las dificultades económicas vinculadas con la vestimenta pueden tener otras consecuencias. En particular, señala que el 12,3% de los chicos se vistió de manera diferente a sus pares por este motivo, mientras que el 6,9% experimentó malestar emocional asociado.
Otro eje del estudio fue el análisis de las transferencias destinadas a los hogares. El ODSA calculó que la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar tienen un peso significativo en la reducción estimada de la pobreza infantil y en la contención de la indigencia extrema.
Según el documento, estas políticas explicarían más del 90% de la reducción de la pobreza infantil y entre el 97% y el 98% de la contención de los casos de indigencia extrema.
El trabajo también incorpora el Plan 1.000 Días dentro del análisis de las políticas dirigidas a la primera infancia y evalúa su incidencia en los niños de entre 0 y 3 años.
En cuanto a la cobertura de las necesidades alimentarias, el informe señala que durante 2026 las prestaciones analizadas permitieron cubrir entre el 39% y el 62% de la canasta alimentaria, por encima del rango registrado en 2024, que se ubicaba entre el 12% y el 28%.
El ODSA realizó además una proyección hipotética para estimar cómo variarían los indicadores si los hogares no recibieran las transferencias sociales consideradas. Bajo ese escenario, la indigencia infantil pasaría del 9,5% al 16,4%, mientras que la pobreza aumentaría del 42,5% al 47,8%.
A partir de estos resultados, el observatorio concluye que las transferencias tienen un efecto de contención sobre la pobreza y la indigencia infantil, aunque considera que no alcanzan para eliminar las privaciones materiales detectadas en su estudio.