La Justicia de Neuquén dio un paso relevante en una causa por maltrato y crueldad animal al admitir como querellante a la Asociación de Profesionales y Activistas en Derechos de los Animales, representada por las abogadas Andrea Ferracioli y Noralí Melo, junto al abogado Lucas Federico Manuel Padín, especialistas en Derecho Animal.
La resolución se sustentó en dos fundamentos principales: el reconocimiento del animal no humano como víctima directa del hecho investigado y el objeto estatutario de la asociación, orientado a la protección, asistencia y representación jurídica de los intereses y derechos de los animales.
En el marco del proceso, las partes acordaron una suspensión del juicio a prueba (probation) por el plazo de un año, con una serie de reglas de conducta destinadas a reparar el daño y prevenir nuevos hechos de violencia contra los animales.
Entre las medidas impuestas por la Justicia se encuentran la realización de 288 horas de tareas comunitarias en una entidad de bien público, la entrega de 240 kilogramos de alimento para animales y la presentación de certificados veterinarios que acrediten el buen estado sanitario, la vacunación y la castración de los animales convivientes.
Además, la persona imputada deberá participar en capacitaciones presenciales obligatorias sobre bienestar animal, tenencia responsable y Derecho Animal, que serán dictadas por la asociación querellante e incluirán una evaluación final. También deberá abstenerse de cometer nuevos delitos durante el período establecido.
Desde la querella señalaron que la probation constituye una herramienta importante en este tipo de causas, ya que la Ley 14.346 establece penas de entre quince días y un año de prisión para los delitos de maltrato y crueldad animal, una escala que consideran limitada frente a la gravedad que pueden alcanzar estos hechos.
La asociación destacó además el trabajo realizado durante la investigación, especialmente el análisis de las cámaras de seguridad efectuado por personal policial, así como la intervención de la Fiscalía de Delitos Especiales y Leyes Ambientales, encabezada por la fiscal Julieta González, y la labor del doctor Luciano Vidal.
Finalmente, sostuvo que el caso representa un antecedente para el Derecho Animal al incorporar medidas de reparación, educación y prevención dentro de una solución penal y reafirmar el reconocimiento del animal no humano como víctima directa del delito investigado.