El Gobierno nacional presentó un anteproyecto de ley que busca avanzar con una nueva etapa de desregulación económica mediante la modificación o derogación de un amplio conjunto de normas que regulan distintas actividades productivas y comerciales.
La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, reúne más de un centenar de artículos distribuidos en ocho títulos y plantea cambios en sectores como farmacias, transporte marítimo, mercado financiero, corretaje, agro, cultura y comercio.
Uno de los principales ejes del proyecto es la reforma de la Ley de Farmacias. Entre otras medidas, habilita la venta digital de medicamentos bajo receta, la entrega a domicilio, la comercialización de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias y la digitalización de recetas y registros. Además, flexibiliza el régimen societario para estos establecimientos.
En el mercado del gas licuado de petróleo (GLP), el proyecto limita la intervención estatal exclusivamente a cuestiones de seguridad y elimina la posibilidad de regular precios, volúmenes, márgenes de rentabilidad y condiciones comerciales. También propone derogar la Ley 26.020.
La iniciativa elimina además diversas restricciones para el ejercicio del corretaje. De prosperar, solo será necesario ser mayor de edad y contar con título secundario para desarrollar la actividad, que podrá realizarse mediante plataformas digitales y bajo cualquier forma societaria permitida.
En materia cultural, el texto propone derogar la Ley de Precio Uniforme del Libro y la normativa que regula la industria del doblaje. También simplifica el régimen de promoción editorial y concentra la autoridad de aplicación en la Secretaría de Cultura.
Para el sector agropecuario, el proyecto elimina, desde octubre de 2027, las contribuciones obligatorias que financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Además, deroga las leyes sobre arrendamientos rurales y aparcerías, incorpora cambios en la normativa vitivinícola y propone la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), cuyos recursos remanentes pasarían al Instituto Nacional de Vitivinicultura.
En el capítulo dedicado al transporte marítimo, la iniciativa habilita que buques extranjeros puedan realizar cabotaje dentro del territorio argentino bajo un esquema gradual de incorporación de tripulación nacional. También reduce aranceles para la importación de embarcaciones y digitaliza la documentación del sector.
En el sistema financiero, el proyecto incorpora el reconocimiento legal de los contratos inteligentes, la tecnología blockchain y los activos digitales para operaciones de garantía, fideicomisos y mercado de capitales. Asimismo, habilita la emisión y negociación electrónica de distintos instrumentos financieros y amplía las facultades de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Según el Gobierno, el objetivo es reducir la carga regulatoria, promover la competencia, incorporar nuevas tecnologías y ampliar la libertad económica. Si el Congreso aprueba la iniciativa, se convertirá en una de las reformas regulatorias más amplias de los últimos años.