El Ejecutivo nacional envió al Senado un proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, con foco en corregir limitaciones detectadas en su implementación.
La exposición se realizó ante las comisiones de Salud y Legislación General, donde la funcionaria Liliana González explicó los alcances de la propuesta.
De acuerdo con lo planteado, la reforma recoge aportes de distintos actores del sistema, que señalaron dificultades para dar respuesta a las necesidades actuales de los pacientes.
Uno de los cambios más relevantes apunta a los criterios de internación involuntaria, reemplazando el requisito de “riesgo cierto e inminente” por un análisis más integral del paciente.
También se propone modificar la terminología, pasando de “padecimiento mental” a “trastorno mental”, con el objetivo de evitar interpretaciones ambiguas.
El texto refuerza la intervención del psiquiatra en la toma de decisiones, aunque mantiene el enfoque interdisciplinario.
Además, incorpora nuevas instancias de control, como la evaluación previa al alta, el seguimiento judicial posterior y un mayor involucramiento familiar.
La iniciativa busca, además, reorganizar la red sanitaria, distribuyendo la atención entre hospitales generales y centros especializados según la complejidad de cada caso.