El Gobierno nacional anunció la creación de un Sistema de Articulación de la Política Exterior para monitorear y coordinar acciones frente a actividades extranjeras que considere ilegales en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos.
La medida fue comunicada por la Cancillería y forma parte de la estrategia oficial para reforzar el reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago.
Según informó el Gobierno, el nuevo mecanismo permitirá reunir información, coordinar a distintos organismos del Estado y brindar asesoramiento ante actividades que puedan afectar los intereses argentinos en el área.
El sistema también apunta a que las medidas de los organismos estatales vinculadas con la política exterior mantengan una línea común con los criterios establecidos por el Ejecutivo en materia de soberanía.
La creación de esta estructura se suma a otras medidas anunciadas recientemente por Javier Milei, entre ellas disposiciones vinculadas con empresas que participan de actividades hidrocarburíferas en las Malvinas.
El Gobierno también informó una reasignación de $217.959 millones para el Ministerio de Defensa, recursos que incluyen partidas destinadas al desarrollo de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.
A su vez, se establecieron mecanismos para que distintos organismos informen a la Cancillería sobre posibles incumplimientos relacionados con actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.
El paquete de medidas incluye además controles sobre declaraciones juradas vinculadas con trámites hidrocarburíferos y con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de identificar posibles actividades empresariales en zonas sobre las que Argentina sostiene derechos de soberanía.
A estas disposiciones se suma el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla sanciones para organizaciones que operen en las islas sin autorización argentina y propone la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.