Una investigación por presunto microtráfico culminó con la imputación de un vecino de Chos Malal, luego de que allanamientos realizados en el barrio Centenario I permitieran descubrir una importante cantidad de marihuana, dinero en efectivo y equipamiento destinado al cultivo de cannabis.
La causa comenzó a tomar fuerza tras diversas tareas investigativas que derivaron en procedimientos simultáneos sobre dos viviendas ubicadas dentro de un mismo terreno. Allí, personal de la Policía del Neuquén y representantes del Ministerio Público Fiscal reunieron evidencia que, según la acusación, apuntaría a actividades vinculadas con la comercialización de drogas.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal Víctor Salgado detalló que en los domicilios fueron encontrados alrededor de 10 kilos de marihuana procesada, además de diez plantas, semillas y plantines destinados a la producción de cannabis.
Los investigadores también secuestraron sistemas de cultivo indoor completamente equipados, con lámparas, ventilación y mecanismos de regulación de temperatura, además de balanzas de precisión y dispositivos de vigilancia.
Para la fiscalía, estos elementos demuestran una organización destinada al procesamiento y distribución de estupefacientes.
En los allanamientos también se hallaron bolsas para fraccionamiento, frascos con cogollos, recortes de nylon y otros materiales utilizados habitualmente para preparar dosis destinadas a la venta.
Otro aspecto destacado de la investigación fue el hallazgo de 6.679.000 pesos en efectivo. Parte de esa suma estaba escondida en un espacio oculto del inmueble.
Asimismo, los efectivos secuestraron una escopeta sin numeración visible, situación que motivó la incorporación de una segunda acusación vinculada a la tenencia ilegítima de armas.
La fiscalía pidió la prisión preventiva del acusado durante un mes, aunque el juez Diego Chavarría Ruiz consideró que resultaban suficientes medidas cautelares menos restrictivas.
Por esa razón, ordenó la presentación semanal del imputado en sede policial, prohibió contactos con otros investigados y autorizó medidas patrimoniales solicitadas por la acusación.
La investigación continuará durante los próximos tres meses para determinar si existieron más personas involucradas en la presunta actividad de comercialización.