La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios presentados por la defensa de Cristina Kirchner y dejó firme el decomiso de bienes dispuesto en el marco de la causa Vialidad, uno de los expedientes judiciales más relevantes vinculados a corrupción en la obra pública nacional.
Con esta resolución, la Justicia avanzará ahora con la ejecución del recupero económico fijado en la condena, que supera los 684 mil millones de pesos, cifra actualizada que representa el presunto perjuicio ocasionado al Estado.
La decisión alcanza no solo a la ex presidente sino también a bienes vinculados a Máximo Kirchner, Florencia Kirchner y al empresario Lázaro Báez, condenado junto a Cristina Kirchner en la investigación por direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz.
El fallo fue firmado por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, aunque este último votó parcialmente en disidencia respecto del alcance sobre algunos bienes incluidos en el decomiso.
Según la resolución judicial, el decomiso comprende un total de 111 bienes, entre inmuebles, terrenos y propiedades asociadas tanto a la familia Kirchner como al entramado empresarial de Báez.
Entre los activos alcanzados aparecen diez departamentos ubicados en Río Gallegos, además de cinco lotes pertenecientes al complejo hotelero Los Sauces, en Lago Argentino, una de las propiedades más mencionadas durante las investigaciones judiciales sobre el patrimonio de la familia Kirchner.
También quedaron incluidos bienes relacionados con las firmas Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, empresas vinculadas a Lázaro Báez y que formaron parte de la estructura investigada por contratos de obra pública adjudicados durante los gobiernos kirchneristas.
En su voto, Hornos sostuvo que el decomiso se fundamenta en el principio de que los beneficios obtenidos mediante un delito “no constituyen una fuente legítima de enriquecimiento”.
Además, remarcó que la transferencia hereditaria o gratuita de bienes no impide avanzar con medidas de decomiso cuando existe relación patrimonial con hechos investigados por corrupción.
La causa Vialidad derivó en 2022 en la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, sentencia que todavía debe quedar firme en instancias superiores.