Desde este sábado 5 de septiembre comenzó a regir en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la responsabilidad penal de los adolescentes a partir de los 14 años y reemplaza el esquema que estaba vigente desde 1980.
La nueva normativa establece que los adolescentes mayores de 14 años pueden ser imputados por delitos contemplados en el Código Penal, aunque quedan comprendidos en un régimen especial, con medidas y sanciones diferenciadas de las previstas para los adultos.
El sistema incorpora como ejes la educación, la reparación del daño y la reinserción social, junto con mecanismos de control y sanciones frente a la comisión de delitos.
Uno de los principales límites establecidos por la ley es que los adolescentes no podrán recibir penas de prisión o reclusión perpetua. La pena privativa de libertad tendrá un máximo de 15 años.
Además, la normativa contempla la posibilidad de acceder a la libertad condicional una vez cumplidos los dos tercios de la condena, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas por el tribunal.
Medidas alternativas a la prisión
El nuevo régimen incorpora distintas alternativas a la privación de libertad. Entre ellas figuran las restricciones de acercamiento, la reparación del daño, las reglas de conducta y las amonestaciones formales.
También contempla la participación obligatoria en programas educativos y comunitarios. En determinados casos, podrá utilizarse el monitoreo electrónico para controlar el cumplimiento de las medidas dispuestas judicialmente.
Cuando un tribunal determine que corresponde una privación de libertad, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especializados y separados de las personas adultas, bajo atención de personal capacitado.
La normativa también prevé distintas modalidades de alojamiento, entre ellas institutos abiertos, unidades especializadas y, en determinadas circunstancias, arresto domiciliario.
Protección de los adolescentes y participación de las víctimas
El régimen mantiene la prohibición de difundir información que permita identificar a menores involucrados en procesos penales.
Al mismo tiempo, amplía la participación de las víctimas durante el proceso judicial, incorporando mayores posibilidades de intervención dentro de las actuaciones.
La implementación del nuevo sistema representa un desafío para las provincias y para el Poder Judicial, que deberán contar con jueces, equipos de supervisión, establecimientos especializados y dispositivos de monitoreo adecuados para aplicar la nueva normativa.
Para su puesta en marcha, el Congreso aprobó una partida de $23.739.155.303,08.
El nuevo Régimen Penal Juvenil establece así un sistema específico para adolescentes de 14 años en adelante, con responsabilidad penal, límites a las penas, medidas alternativas y mecanismos orientados a la educación, la reparación del daño y la reinserción social.