La Justicia puso bajo la lupa al Ministerio de Seguridad por la falta de habilitación del pabellón de máxima seguridad de la Unidad de Detención N° 11, inaugurado en 2025 pero aún sin uso.
La jueza Raquel Gass otorgó un plazo de 10 días para que se expliquen los motivos del retraso, en el marco de un habeas corpus impulsado por internos alojados en la Comisaría N° 7.
Los detenidos denunciaron hacinamiento, condiciones precarias y falta de acceso a actividades básicas, además de señalar que algunos duermen en el piso y no cuentan con espacios de recreación.
La situación generó mayor preocupación ante la posibilidad de que ingresen nuevos condenados a la dependencia policial.
Frente a este escenario, la magistrada dispuso frenar nuevos ingresos y solicitó a la Fiscalía de Estado un informe en cinco días.
También pidió detalles sobre el cumplimiento de un acuerdo firmado en marzo de 2025 ante el juez Marco Lupica Cristo, relacionado con la crisis penitenciaria.
Gass cuestionó además la falta de avances pese a la emergencia carcelaria declarada en 2024, y ordenó que el pabellón sea habilitado en un plazo de 30 días hábiles.
“No es razonable inaugurar una obra que no puede utilizarse”, remarcó.
Desde el Estado indicaron que la demora responde a la falta de habilitación del servicio de gas por parte de Camuzzi, situación que ahora deberá ser precisada ante la Justicia.
La jueza también pidió que se informe si esa conexión podrá resolverse dentro del plazo fijado.
El fallo incluye la advertencia a los organismos judiciales para que actúen ante eventuales incumplimientos.
El caso refleja el déficit estructural del sistema carcelario en la provincia, con comisarías utilizadas como espacios de alojamiento prolongado.