El Senado de la Nación debatirá este jueves uno de los proyectos más importantes impulsados por el Gobierno nacional durante el actual período legislativo. Se trata de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que busca reforzar la protección del derecho de propiedad mediante una reforma de distintas normas vinculadas a inmuebles, expropiaciones y ocupaciones.
El proyecto llega al recinto luego de un extenso trabajo legislativo. Desde que obtuvo dictamen, el 20 de mayo, el texto atravesó trece versiones, incorporando modificaciones hasta alcanzar la redacción que será sometida a votación.
Aunque su eje principal es fortalecer las garantías de los propietarios, la propuesta también introduce cambios en leyes que regulan las expropiaciones, los desalojos, la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, la regularización dominial, el manejo del fuego y el funcionamiento de los registros inmobiliarios.
Cambios en las expropiaciones
Uno de los capítulos centrales modifica la Ley de Expropiaciones. El proyecto establece que toda declaración de utilidad pública deberá estar debidamente fundamentada y que su interpretación deberá ser restrictiva. Además, dispone que la expropiación solo podrá llevarse adelante cuando resulte idónea, necesaria y proporcional al fin perseguido.
También incorpora cambios en el régimen de indemnizaciones. Entre otras medidas, prevé el reconocimiento del lucro cesante cuando pueda acreditarse objetivamente, establece que la valuación del inmueble deberá realizarse antes de cualquier anuncio oficial y dispone que la indemnización se actualice hasta el momento del pago efectivo. Asimismo, impide que el Estado tome posesión del inmueble sin haber abonado previamente la compensación correspondiente.
Desalojos más rápidos
Otro de los puntos más relevantes es la reforma del régimen de desalojos. La iniciativa propone convertir estos procesos en trámites sumarísimos, reducir los tiempos judiciales y agilizar las notificaciones.
Además, habilita la restitución anticipada de inmuebles en casos de ocupaciones ilegales o cuando el derecho del propietario se encuentre suficientemente acreditado.
No obstante, el proyecto incorpora una cláusula de protección para personas en situación de vulnerabilidad. Cuando existan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados, el juez deberá dar intervención a los organismos competentes para coordinar soluciones habitacionales transitorias, sin frenar el proceso judicial.
Tierras rurales y regularización dominial
La propuesta también modifica la Ley de Tierras Rurales. Mantiene la prohibición para que Estados extranjeros adquieran campos en Argentina, pero flexibiliza algunas restricciones para otros compradores extranjeros e incorpora el mecanismo de silencio administrativo positivo para determinadas autorizaciones.
En paralelo, introduce cambios en la denominada Ley Pierri, destinada a la regularización dominial. Entre las principales modificaciones, exige acreditar una posesión pública, pacífica y continua durante diez años y limita el beneficio a viviendas únicas y permanentes, aunque contempla excepciones para agricultores familiares.
Manejo del fuego y registros inmobiliarios
En materia ambiental, el proyecto modifica la Ley de Manejo del Fuego, derogando restricciones incorporadas en años anteriores y redefiniendo el régimen aplicable a los terrenos afectados por incendios forestales.
Además, impulsa una modernización de los Registros de la Propiedad Inmueble, con la digitalización de los trámites, la incorporación de la firma digital, la creación de una Red Federal de Publicidad de Inhibiciones y una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria.
Una sesión clave
Para el oficialismo, la iniciativa constituye una de las reformas institucionales más importantes de su agenda legislativa y apunta a fortalecer la seguridad jurídica en materia de propiedad privada.
La sesión prevista para este jueves será determinante para conocer si el Gobierno reúne el respaldo necesario para avanzar con un proyecto que propone modificaciones en varios de los principales regímenes vinculados al derecho de propiedad en Argentina.