Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Neuquén busca establecer un marco regulatorio para la psicología social, una disciplina que actualmente no cuenta con regulación específica en la provincia pese a su creciente participación en el abordaje de problemáticas comunitarias.
La propuesta fue elaborada por representantes de distintas regiones y reúne a unos 500 integrantes del sector, entre profesionales y estudiantes. El planteo apunta a formalizar la actividad mediante la creación de un sistema de matriculación y la definición de criterios de ejercicio profesional.
Entre los puntos centrales, el texto establece la necesidad de certificar la formación, delimitar competencias frente a otras disciplinas y garantizar estándares de calidad en las intervenciones. Este aspecto aparece como clave para evitar la informalidad y ordenar un campo que, según los propios impulsores, se encuentra disperso.
El proyecto pone el foco en el rol que desempeña la psicología social en territorios atravesados por situaciones de vulnerabilidad. Allí, su intervención se vincula con violencias, consumos, conflictos familiares y problemáticas de salud mental, con una lógica preventiva y comunitaria.
En los fundamentos, se advierte sobre un contexto social en transformación, donde el crecimiento demográfico y las dificultades económicas generan nuevas demandas. En ese escenario, se identifican fenómenos como el aumento de la violencia de género, los conflictos en el ámbito educativo y el aislamiento social.
Los autores de la iniciativa sostienen que la falta de regulación impide una integración plena de estos profesionales en el Estado, lo que limita su alcance en políticas públicas. Por eso, consideran que la ley podría funcionar como un instrumento para fortalecer la intervención temprana y mejorar la respuesta institucional.
La discusión legislativa, en este caso, no solo involucra una cuestión profesional, sino también el diseño de estrategias frente a problemáticas sociales que requieren abordajes interdisciplinarios.

