El fiscal Pablo Vignaroli anticipó que recurrirá la resolución adoptada en la causa por los planes sociales y cuestionó el análisis realizado por la jueza durante la audiencia.
El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la acusación presentada junto con la Fiscalía de Estado fue objetada desde aspectos técnicos y que la resolución no contempló la totalidad de los elementos incorporados al expediente.
Vignaroli explicó que, según el criterio de la Fiscalía, la audiencia no era la instancia para realizar una valoración completa de la prueba. En esa etapa, planteó, debía determinarse si los elementos habían sido obtenidos de manera legal y si eran pertinentes para sostener las hipótesis de la acusación.
Entre los antecedentes que mencionó se encuentran los expedientes administrativos tramitados entre agosto de 2022 y diciembre de 2023, relacionados con los pagos que son materia de investigación.
También hizo referencia al decreto 1672, cuyo trámite, según explicó, comenzó en el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo a partir de una nota del entonces ministro Diluca. El procedimiento derivó en la creación y posterior aprobación de un programa destinado a capacitar a integrantes de organizaciones sociales.
El fiscal consideró que estos antecedentes no fueron debidamente contemplados en la resolución y recordó que durante la audiencia la Fiscalía había planteado que esa instancia no debía convertirse en una anticipación del juicio.
El Ministerio Público Fiscal cuenta con diez días hábiles para presentar la impugnación. En caso de obtener una resolución favorable, solicitará que se lleve adelante una nueva audiencia desde el comienzo.
Vignaroli señaló además que el desarrollo de las diferentes investigaciones vinculadas con los planes sociales depende de los tiempos judiciales y que la Fiscalía buscará acelerar las instancias pendientes.