El Gobierno de Neuquén comenzó a aplicar los exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos, una medida prevista en la Ley 3531 y reglamentada recientemente mediante el Decreto 234/2026.
La puesta en marcha del sistema marca un paso inédito en la administración provincial, ya que establece controles periódicos para detectar consumo de sustancias psicoactivas entre quienes ejercen responsabilidades de conducción en los poderes del Estado.
Las primeras evaluaciones se realizaron luego de un sorteo aleatorio efectuado en el Poder Ejecutivo. Los funcionarios seleccionados fueron notificados y debieron presentarse en un plazo máximo de 24 horas para cumplir con los análisis en laboratorios autorizados.
La norma alcanza a una amplia nómina de cargos jerárquicos, entre ellos ministros, secretarios, diputados provinciales y autoridades de organismos descentralizados, para quienes la realización del examen constituye una condición obligatoria de permanencia.
Los estudios consisten en pruebas de laboratorio destinadas a identificar indicios de consumo reciente de distintas sustancias, entre ellas cocaína, derivados del cannabis, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos.
La selección de los funcionarios estará a cargo del IJAN, que realizará sorteos trimestrales sobre el 12,5% del padrón alcanzado por la ley. El objetivo es garantizar que todos los funcionarios sean sometidos al menos una vez al año a este tipo de controles.
La reglamentación también prevé instancias de revisión y garantías para los evaluados. Frente a un resultado positivo inicial, podrá solicitarse una contraprueba utilizando una muestra de resguardo. Además, quienes se encuentren bajo tratamientos médicos deberán acreditar esa situación con la documentación correspondiente.
La normativa fija consecuencias específicas para quienes se nieguen a realizar el examen o no concurran dentro del plazo establecido. En esos casos, la conducta será equiparada a un resultado positivo y dará lugar a las actuaciones previstas por la legislación vigente.
Otro aspecto relevante es que el costo de los estudios será cubierto por los propios funcionarios, mediante descuentos aplicados sobre sus salarios.
La supervisión general del sistema estará en manos de una Comisión Evaluadora Interpoderes, creada especialmente para garantizar la correcta aplicación de la normativa y resolver eventuales controversias.